Ante la aprobación del dictamen de la Nueva Ley Universitaria en la Comisión de Educacióndel Congreso cabe preguntarse en qué consiste, cómo beneficiaría al sistema de educación superior y por qué la Asociación Nacional de Rectores (ANR) se ha opuesto rotundamente.

Entre la principal objeción de la ANR está la creación de la Superintendencia Nacional de Estudios Universitarios (SUNEU), que velará por la calidad de la enseñanza superior.

Los puntos más resaltantes son: 

- En su artículo 19 habla sobre la creación y autorización del funcionamiento de universidades. Las públicas se crean mediante ley y las privadas por iniciativa de sus promotores; en ambos casos con autorización previa de la Superintendencia. Se deberá acreditar la demanda cualitativa y cuantitativa insatisfecha de las carreras propuestas.

- La SUNEU pertenecerá al Ministerio de Educación y reemplazará a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Entre sus principales funciones está supervisar la calidad universitaria, fiscalizar el uso de recursos y autorizar o denegar la apertura de nuevas universidades.

- Tendrá nueve integrantes que serán los representantes del CEPLAN, del CONCYTEC, del Ministerio de Educación, un miembro de los colegios profesionales y otro de los sectores empresariales. Además dos miembros designados por las universidades públicas y dos por las privadas.

- La nueva iniciativa establece que el SINEACE podrá evaluar, acreditar y certificar para el mejoramiento de la calidad educativa. La acreditación será obligatoria.

- Las universidades que no logren la certificación no podrán entregar títulos a nombre de la nación. Las que no logren acreditar la calidad de sus facultades o carreras luego de tres evaluaciones consecutivas, serán clausuradas y disueltas.

- Ya no habrá bachillerato automático para quienes culminen sus carreras. Será obligatorio que se elabore una tesis de investigación. Para la obtención de la licenciatura o título, deberán realizar otra tesis, presentar un trabajo de suficiencia profesional o llevar un curso de actualización profesional.

- Los centros universitarios están obligados a cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Número 27806, lo que las obliga a publicar la ejecución presupuestal y los balances.

- Finalmente, se ha incluido una autorización al Ejecutivo para que diseñe el plan del Programa de Fortalecimiento de la Universidad Pública, que estará compuesto por las ocho universidades más antiguas del país y la Universidad Nacional de la Amazonía.

Urge mejorar la calidad del sistema universitario para que responda a la demanda de empleabilidad en el país, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Samuel Gleiser.

"El sistema educativo debe permitir forjar a futuros trabajadores que puedan enfrentar exitosamente los retos que se les presente. Para lograrlo las universidades debe concentrar el talento humano con buenos docentes e investigadores", comentó.

Respecto a la reciente aprobación del dictamen de la nueva Ley Universitaria en la comisión de Educación del Congreso, el exviceministro de Educación, Idel Vexler dijo que para asegurar que estas casas de estudio brinden una educación de calidad es indispensable garantizar la designación de autoridades con solvencia académica y de gestión.

“En ese sentido optar por la elección de los rectores, vicerrectores, decanos y directores  mediante  voto universal puede traer consigo la nominación de gestores en función de consideraciones ideológicas, políticas y partidarias”, agregó.

La aprobación, en la Comisión de Educación, de los 16 artículos de la nueva Ley Universitaria ha generado toda una polémica en el país, con opiniones divididas sobre los puntos que aborda esta norma.

Por ello, en Enfoque de los Sábados de RPP Noticias, se dieron cita el congresista Daniel Mora, titular del citado grupo de trabajo e impulsor de esta norma, así como autoridades universitarias y expertos en el tema, quienes expusieron sus puntos de vista sobre esta controversia.

Mora cuestionó que se haya personalizado la ley con un afán -según él- de desprestigiarla. Además, aseguró que hay “intereses contrapuestos” en el tema, razón por la cual hay críticos contra el dictamen.

“Cuando no se puede discutir con argumentos, se apela al insulto de la necedad. Apelan que es una ley militar porque el que habla es militar, y soy en la votación solo un voto. Uno de 17”, comentó.

“La ley es fruto de consultas a muchos expertos nacionales e internacionales. La han personalizado (la ley) con el afán de desprestigiarla”, añadió.

El legislador reconoció que el tema más polémico de la ley es la creación de la Superintendencia de Educación Universitaria, que debe fiscalizar la calidad de las casas de estadio. Sin embargo, acotó que este estamento está avalado en un fallo del Tribunal Constitucional.

“El 2010 salió una sentencia del Tribunal Constitucional frente a las deficiencias que tiene la ANR y el Conafu. A raíz de esa sentencia, dispone que el Congreso elabore una norma que cree una superintendencia que permita evaluar y supervisar a las universidades”, sentenció.

CONTRA SUPERINTENDENCIA

A su turno, José Dextre, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación superior (FIPES), cuestionó la norma al asegurar que esta superintendencia está “adscrita al poder político”.

“Esta superintendencia va a tener transformarse a una institución policiaca. (...) Estamos de acuerdo en que el sistema universitario tiene que transformarse, tiene que haber un sistema de organización, un organismo autónomo técnico, un organismo que no esté adscrito al poder político”, afirmó.

En ese sentido, dijo que la FIPES plantea la creación de un organismo “técnico autónomo”que tenga las funciones de creación de universidades y filiales, de evaluación de la calidad “y debe mantener a la ANR como coordinadora académica”.

En la misma tónica, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Aurelio Padilla, criticó la nueva Ley Universitaria, tildándola de “irracional e intervencionista”.

“Hay una serie de cosas malas de fondo y forma. Hay cosas irracionales, cosas obsoletas también. En el fondo, atenta contra la autonomía universitaria, es intervencionista, generará caos, es amenazante, amenaza a los estudiantes, a los profesores, a las autoridades, contra derechos fundamentales adquiridos”, explayó.

Diferente opinión tiene Manuel Burga, exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien recordó que la ley anterior, que data del año 1983, “produjo un debilitamiento de la universidad pública, porque  fomentó la politización, el desgobierno y la ineficiencia”.

Además, opinó que la regulación en el país no es una novedad, destacando ejemplos de ello en el sector de las comunicaciones, en los combustibles y hasta en la banca y seguros.

“En la banca y seguros, justamente (el regulador) se llama Superintendencia. Y los bancos no se quejan de que han perdido autonomía. Creo que todos los ciudadanos necesitamos ese órgano regulador”, apuntó.

Finalmente, el docente Ricardo Cuenca, investigador del IEP, estimó que la nueva Ley Universitaria  llama la atención al Estado “porque ha habido un descuido para ayudar a fortalecer las universidades públicas”.

“Pero también esta ley es un llamado de atención, para decir que el mercado en el caso de educación no puede regular la calidad”, mencionó.

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